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Autora: Ana Teresa Trujillo Arroyo
@anatetrujilloa
El pasado 5 de julio de 2020, la gestante venezolana Diana Alemán León se suicidó en el hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores, un distrito de clase baja y en situación de marginalidad, que en principio estaba a las afueras de Lima (Perú), en lo que se conoce como “Cono Sur”, pero que ya es parte de la gran ciudad.
Diana llegó con un aborto en proceso, le calcularon 3 meses de embarazo y diagnosticaron aborto inducido. Había migrado hace poco, huyendo de la miseria, violencia, poca institucionalidad y precariedad de servicios en Venezuela, pero el destino no fue para nada benevolente. Poco antes de lanzarse, le escribió a su pareja informando que en el hospital iban a remitir su caso a las autoridades y pidiéndole ayuda.
La noticia fue reseñada de manera poco profesional y amarillista en medios peruanos, con reacciones opuestas, entre las que destacaron críticas crueles, xenofóbicas, misóginas y muy poco empáticas, versus comentarios de apoyo y frustración ante la vulnerabilidad de las mujeres locales y migrantes en el Perú.
Como reacción ante esta situación, organizaciones feministas como el Paro Nacional de Mujeres organizaron una protesta en el frontis del Ministerio de Salud para solicitar una respuesta efectiva ante los hechos. Por su parte, Mujeres Migrantes Maltratadas Perú también manifestó su rechazo ante el tratamiento de los hechos y las circunstancias que los ocasionaron.
Aborto terapéutico, derecho desconocido, irrespetado e invisibilizado
Antes de ingresar al hospital, como parte del protocolo ante la pandemia, le hicieron las pruebas respectivas y se le detectó covid-19. Sin embargo, debido a las circunstancias de la interrupción de su embarazo, se le negó atención médica y se le amenazó con entregarla a las autoridades, contraviniendo su derecho a ser atendida por aborto terapéutico, estipulado en el art. 119 del Código Penal peruano. En consecuencia, debido a la desesperación, la paisana de 27 años se lanzó por la ventana del baño desde un piso 3, ocasionando su muerte por laceración encefálica, hemorragia interna y traumatismos múltiples.
El aborto terapéutico está despenalizado en Perú desde 1924, siendo las otras causales sujetas a penas menores si se trata del aborto sentimental o eugenésico. De hecho, en el art. 119 del Código Penal peruano se especifica claramente: “no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”. Esto significa que si el estado de salud de la mujer gestante implica riesgo a su salud y en este caso particular, siendo paciente covid-19, es evidente que corría riesgo, además de que no hay manera de detectar si un aborto ha sido inducido o ha sido hecho bajo el consetimiento de la mujer gestante, salvo por su testimonio.
A este artículo lo complementa la Ley General de Salud no de manera específica pero sí determinando los derechos de los usuarios del sistema de salud a ser atendidos bajo cualquier circunstancia bajo el precepto de garantizar su salud y sus vidas.
Además, desde 2014 este artículo se complementa con la “Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119º del Código Penal”, mediante la Resolución Ministerial N° 486-2014/MINSA, que lamentablemente ha sido muy poco difundida entre el personal de los diferentes sistemas de salud pública peruana.
Es más, a raíz de la aparición de este protocolo médico y de su poco acogimiento, la ONU, a través del el Comité de la CEDAW, manifestó su preocupación sobre las enormes barreras que las mujeres -particularmente las de bajos recursos y marginalizadas- deben enfrentar al buscar acceso a la justicia y salud. Asimismo, exhortó al personal de los sistemas de salud y justicia en lo que respecta a sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente en lo relativo a los derechos humanos de las mujeres y el derecho a la igualdad de género.
Lo cierto es que, pese a que la vida de Diana corría peligro, ella había dado su consentimiento y estaba expuesta a un mal mayor, no contó con la aprobación del médico para recibir atención a la emergencia. Al contrario: la amenazaron y aterrorizaron bajo el auspicio del Estado.
Violencia contra las mujeres, tan normalizada que es institucional
Antes de que empecemos a especular sobre el trato a las personas de nacionalidad venezolana en el sistema de salud peruano, hay que destacar que no se trata de un acto de xenofobia sino que lastimosamente es una de las tantas acciones de violencia institucional contra las mujeres en el Perú.
En todos los hospitales del Perú hay letreros que indican que las mujeres que lleguen con procesos de aborto incompleto serán entregadas a las autoridades, razón por la cual miles de niñas y mujeres prefieren tener abortos clandestinos, ya que, pretender acceder al derecho a la salud puede significar perder el derecho a la libertad.
Esto fue evidenciado en 2017, con además un tristemente célebre comunicado de EsSalud justificando el aviso en los hospitales en vez de la preocupación hacia la situación de violencia contra las mujeres, abusos sexuales, la gran cantidad de abortos clandestinos y la alta tasa de mortalidad materna. Para ese momento, eran más de 3 mil emergencias al mes relacionadas con abortos clandestinos tan solo en la provincia de Apurímac...y esas eran solo las que decidían ir al hospital.
La paradoja del Estado opresor peruano
Estas medidas represivas y terroríficas representan una paradoja, porque al final el Estado (que debería ser laico pero no opera de esta manera) ni "salva las 2 vidas" ni previene en materia de salud sexual y reproductiva ni previene la violencia contra las niñas y mujeres (de cualquier tipo, aunque destacan la sexual, simbólica e institucional).
Es una falacia pensar que la ilegalidad evitará los abortos. Al contrario: las mujeres no dejan de abortar porque sea ilegal, deben resolver su situación y la ilegalidad trae consigo clandestinidad, que implica riesgos. Con estas medidas las mujeres quedan en vulnerabilidad, porque deben acudir a medios clandestinos, arriesgando sus vidas sin derecho a reclamo.
Hay que ponerse a pensar el nivel de desesperación que debe tener una mujer para arriesgar su vida en vez de continuar el embarazo. Las maternidades deben ser deseadas porque no se trata solo de nacer, sino de vivir con dignidad y tener las condiciones de desarrollo adecuadas. Cada una de nosotras tiene circunstancias distintas y nadie tiene por qué juzgarnos. Somos nosotras quienes asumimos la mayor carga física, emocional, psicológica, económica, social y de salud, además de las postergaciones en materia laboral y académica.
Redes de apoyo y sororidad, sea cual sea la decisión de las mujeres
Estas circunstancias de represión legal y social han impulsado a las mujeres a formar redes de apoyo, en las que compartimos experiencias, acompañamos y promovemos tener acceso a información relacionada al aborto, teniendo en cuenta que informar no es delito y que lo ideal es decidir abortar en condiciones reguladas y con información validada por personal médico especializado.
Asimismo, es importante resaltar que las propuestas de despenalización del aborto implican generar políticas de prevención y control, pues la interrupción del embarazo se realizaría en condiciones sanitarias adecuada, con consentimiento informado y personal médico y legal informado, además de que implica un fortalecimiento de la educación sexual y reproductiva integral, con perspectiva de género y con el especial énfasis en la tolerancia, respeto e inclusión.
De igual manera, las redes de mujeres feministas se organizan para brindar apoyo de todo tipo, en caso de que una alguna mujer lo requiera. Sea cual sea su decisión.
Como mujer embarazada en Perú te puedes afiliar a SIS (Sistema Integrado de Salud) de manera gratuita y sin importar tu situación migratoria. El Estado tiene la obligación de velar por la salud de las mujeres embarazadas y sus hijos e hijas (al menos en principio, porque el sistema público de salud en Perú es deficiente y ha colapsado con la pandemia del covid-19, pero ese es otro tema).
Qué hacer en caso de que no te quieran atenderen caso de aborto incompleto
Como hemos podido observar, son muchas las barreras burocráticas. Sin embargo, no por ello vamos a dejar de exigir y ejercer nuestros derechos, hay que sentar precedente en cada oportunidad.
Ten estos números a mano por si no te quieren atender tras un aborto:
- Defensoría del Pueblo: (01) 311-03-00 / 800-15-170 (atención gratuita, 24 horas)
- Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud): 0800-149-00
Igualmente, puedes solicitar acompañamiento legal y psicológico gratuito a las diferentes organizaciones feministas, entre ellas la red Mujeres de Derecho, de Acción por Igualdad.
También es bueno saber que puedes acceder a anticonceptivos de manera gratuita en los módulos de planificación familiar de los hospitales y postas médicas.
Lo importante de todo esto es saber que no estamos solas, que cada vez hay más redes para visibilizar y que cada día nos hacemos más fuertes. Debemos seguir exigiendo nuestros derechos como un frente unido, estemos donde estemos y sin importar nuestro origen, pues se trata del ejercicio pleno de nuestra libertad.
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