Autora: Vanessa Tenía
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Desnudas, cubiertas por batas quirúrgicas que han quedado trasparentes de su uso excesivo, reposando sobre colchones deteriorados, compartiendo el mismo cuarto sin ventilación con al menos siete mujeres más, así esperan ellas uno de los momentos más memorables en la vida, como es la llegada de un hijo.

En Venezuela, las mujeres sufren en silencio cada vez que son sometidas al maltrato en los organismos públicos encargados de la salud. El secretismo se ha convertido en el escudo de quienes gobierna el país sudamericano, desde hace varios años el Ministerio del Poder Popular Para la Salud dejó de publicar las cifras oficiales en materia de mortalidad materna. Para finales del año 2018, la Asamblea Nacional recogió información de diferentes entes, donde se calculaban al menos 300 mujeres muertas por cada 100 mil niños nacidos vivos.

La escasez de medicinas, el deterioro de los hospitales y maternidades, la hostilidad con la que algunos profesionales realizan su trabajo debido a la falta de condiciones laborales justas, forman parte de las razones por las que miles de venezolanas embarazadas huyen hacia otros países buscando atención médica. Colombia contabiliza solo en su capital la atención de 1.226 partos de madres de nacionalidad venezolana.

La Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) asegura que hasta principios del 2020 más de 4 millones de venezolanos han emigrado y su representante Eduardo Stein estima que al cerrar el año se llegaría a 6.5 millones, los países afectados por la diáspora venezolana consideran que esto representa un riesgo para sus sistemas de la salud.  

Los acontecimientos políticos en Venezuela han derivado una crisis social y económica que atenta contra el bienestar de los ciudadanos. Actualmente no existe ningún tipo de garantías, calidad de vida y respeto hacia los derechos humanos, entre ellos el derecho a un sistema de salud eficaz e integral.

Vulnerables y desprotegidas la mujer venezolana se enfrenta a un sistema de salud que presenta fallas en la infraestructura, falta de personal, falta de insumos y otras condiciones precarias que lo hacen incapaz de responder a sus necesidades.

En América Latina, varios países entre ellos Venezuela, reconocieron la violencia obstétrica quedando definida según el artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia como “la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres”.

Desde la primera cita recibida por las gestantes en los hospitales se hace evidente el trato deshumanizado con el que son atendidas, sin que esto sea un tema de interés para las autoridades. Dantesca sería una palabra que describen con exactitud la hora del alumbramiento, cuando son sometidas por el sistema irrespetando sus derechos, eludiendo el rol y protagonismo que merece la mujer en tan importante momento.

Pese a los esfuerzos universales por reconocer este tipo de violencia y la responsabilidad penal por su práctica,aún en nuestro país las mujeres son maltratadas por un sistema putrefacto en una fría sala de partos.

Gran parte de las emergencias obstétricas no son atendidas a tiempo, en algunos casos los recién nacidos son separados de sus madres impidiendo que exista un primer contacto sin que exista justificación alguna, las decisiones transcendentales durante el proceso del parto son tomadas por los profesionales de la salud sin escuchar la voz de la gestante, todos estos casos son considerados violencia obstétrica, la mujer debe reconocerlos teniendo presente que existen mecanismos legales que la amparan.

La violencia obstétrica no es un tema de tertulia, la información respecto al problema no es familiar para la mujer, en su mayoría desconoce que forma parte de las estadísticas, al punto de no saber si incide como un delito y si deben denunciar. El daño social y económico ha logrado que este tipo de violencia se convierta en un problema general en los centros de salud donde la carencia de los recursos afianza la situación.

El Estado debe garantizar los derechos de la mujer, velando por su bienestar. Se deben exigir protocolos para todos los procedimientos que se lleven a cabo en la sala de partos, los profesionales dela salud deben ser educados para trabajar bajo el método del parto humanizado, por su parte el estado debe destinar todos los recursos necesarios para contar con hospitales y maternidades que estén en la capacidad de atender las necesidades de las parturientas.

No se trata de señalar al culpable, ser trata de llevar un mensaje alentador a las mujeres que alguna vez tuvieron que llorar en silencio humilladas e indignadas. Estas prácticas violentas son tipificas como delito. ¡Denuncia!

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